Probablemente, la más peligroso y
vergonzosa de España(*),
es la histórica recurrencia al golpe
de estado: nada más y nada menos que
diez en los últimos 100 años. Sólo
Tailandia y Perú nos superan con
veinticinco y doce respectivamente,
ya que Chile nos empata y Argentina
nos sigue con siete.
Un golpe de estado tiene como
objetivo subvertir el
ordenamiento jurídico vigente,
conculcando la soberanía y voluntad
democrática del pueblo e imponiendo
unilateralmente nuevas normas.
La
vergüenza que sentimos los
demócratas por ese lamentable pasado
de España no debe inducirnos a
obviarlo ni a olvidarlo, pues ello
aumentaría la probabilidad de nuevos
y antidemocráticos episodios. Sobre
todo si consideramos probada cierta
tendencia genético-social al
golpismo que tenemos los españoles y
nuestros descendientes
latinoamericanos. En ese sentido, es
decir, con el propósito de aprender
del pasado para evitar cometer los
mismos errores en el presente y en
el futuro, enumero seguida y
brevemente la cronología golpista de
España:
-
-. 1923 Miguel Primo de
Rivera. Militar.
-
-. 1926 Francisco
Aguilera y Egea.
Militar. (Sanjuanada)
-
. 1930 Fermín Galán.
Militar. (Sublevación de
Jaca)
-
-. 1931 Francisco Maciá.
Político. ERC
-
-. 1932 José Sanjurjo
Sacanell. Militar. (Sanjurjada)
-
-. 1934 Luis Companys.
Político. ERC
-
-. 1934 Francisco Largo
Caballero. Político.
PSOE
-
-. 1936 Francisco
Franco. Militar.
-
-. 1939 Segismundo
Casado. Militar.
-
-. 1981 Tejero-Jaime Milans del
Bosch-Alfonso Armada.
Militar.
-
-. 2017 Carles Puigdemont (PDeCAT,
ERC, CUP)
En España, el 27-S de 2015 se
celebraron unas elecciones
autonómicas ordinarias que el
independentismo catalán las calificó
de plebiscitarias. Los votantes no
encontraron papeletas ni del sí ni
del no, sino papeletas de siete
opciones políticas para conformar el
parlamento de Cataluña. Por tanto,
no habrá plebiscito alguno
Aclarado que las elecciones
autonómicas del 27-S no fueron un
referéndum ni se votó independencia
alguna, se demuestra que lo que
pretenden los independentistas es
una mayoría para posteriormente
declarar unilateralmente la
independencia y culminar así el
undécimo golpe de estado a España.
Respecto a una posible independencia
de una parte de España tenemos que
decidir todos los españoles y
debemos hacerlo ateniéndonos al
procedimiento establecido en el
marco jurídico vigente. (¿Esposible
que una parte de España se
independice? ¡Por supuesto que sí
Por tanto, lo ilegal es ilegal por
muchos eufemismos que se utilicen.
Además, lo ilegal tiene
consecuencias penales,
administrativas y políticas. Pero,
que cada palo aguante su vela
Lo primero ha sido la
tentativa de culminar el golpe
desencadenado el 6 y 8 de septiembre en
el Parlament
al imponerse las leyes de ruptura o
“desconexión” que pretendieron
derogar la legalidad democrática vigente
abrogando antes su legitimidad.
La esencia de esta
operación es la ruptura del Estatut. Más
concretamente, algo tan detallista como
la abrupta cancelación de su legítimo
mecanismo de reforma: el artículo 222,
que, para emprenderla, “requiere el voto
favorable de las dos terceras partes de
los miembros” de la Cámara y no una
simple mayoría.
Ese propósito se
fraguó ya en los preparativos de las
elecciones “plebiscitarias” del 27-S de
2015. “Un fantasma se cierne sobre
Cataluña, el de un golpe contra el
Estatut, el de un golpe contra la
legalidad catalana, el de un golpe
contra los ciudadanos catalanes. Eso sí,
paradójicamente ideado, planificado y a
ejecutar por catalanes: se trata pues,
propiamente, de un autogolpe”,
radiografié dos meses antes (Un
golpe contra Cataluña, ).
La operación
“implica”, añadía, “la subversión del
ordenamiento y la ocupación ilegítima de
las instituciones, o su
desnaturalización”. Para lo que no
obstaba la ausencia de una violencia
indiscriminada, como ilustra el del
general Primo de Rivera, un “mero
pronunciamiento”, y otros reseñados en
Técnicas de golpe de Estado, de
Curzio Malaparte (Planeta, 2009).
Como este desentrañó
en el golpe de Bonaparte, lo esencial es
“parecer que obedece las leyes, sus
acciones deben conservar todas las
apariencias de la legalidad”. Y “su
objetivo táctico es el Parlamento:
quieren conquistar el Estado mediante el
Parlamento”, exactamente lo buscado en
la bochornosa sesión del día 6 en el
Parlament de la Ciutadella.
En un brillante
artículo, el profesor Javier García
Fernández apeló recientemente a Hans
Kelsen cuando este indicaba que hay un
golpe de Estado cuando “el
orden jurídico de una comunidad es
anulado y sustituido en forma ilegítima
por un nuevo orden”
Y el notari de
Catalunya, Juan-José López Burniol,
precisó tras el parlamentazo
que “ha sido un golpe de Estado porque
lo hay siempre que se produce una
subversión total del ordenamiento
jurídico establecido con voluntad
explícita de hacerse con el control
absoluto del poder” (La Vanguardia,
16/9). También lo han dicho Joan Tapia (El
Periódico, 17/9), y Mario Vargas
Llosa y Josep Borrell, anteayer.
Ahora bien, cada caso
es distinto, aunque todos exhiban rasgos
comunes. Y el rasgo diferencial del caso
catalán es la concatenación del golpe
con el burbujeo de una rebelión popular
de una parte notable de la ciudadanía
catalana, con nostalgia de aromas de 14
de abril. La autoridad insubordinada
apela a ella para tomar prestado algún
grado de legitimidad. Y esta se la
concede a gusto, contra su propio
interés.
Así que al intento de
toma y destrucción del Estado por el
bloque de los indepes
indesmayables se une parte del frente
antiRajoy. Una porción de quienes
—infinidad en Cataluña— detestan al PP.
Y que no solo no posponen sino que
colocan en primer plano su
responsabilidad pasada en la gestación
de la crisis: la campaña antiEstatut de
2006, la parálisis del Gobierno durante
un lustro, sin plantear respuestas
políticas. La confluencia de ambos
afluentes da la calle reactiva a los
registros y otras actuaciones judiciales
de anteayer: y de próximas jornadas.
Muchos, los
anticonservadores legalistas, anteponen
con acierto la defensa del orden
democrático a ese historicismo, y
consideran que no hay que llorar sobre
la leche derramada. Pero el ruido de la
coyunda entre quienes practican el golpe
y quienes lo aplauden como si no lo
fuera, y como forma expeditiva y espúrea
de echar a un Gobierno (en vez de la
propia en democracia, convencer a la
mayoría) es atronador. Y un cierto
manejo mediático del mismo ofrece la
imagen distorsionada del espejo cóncavo.
La dificultad del
momento para la democracia y para las
autoridades reside en combinar el
recetario con que afrontar los dos males
al mismo tiempo. Contra el golpismo,
cualquier medida del ordenamiento
constitucional puede convenir, si se
encaja legalmente: el principio es la
suficiencia, del que forma parte la
rotundidad que resulte indispensable.
Y ante la rebelión
popular es preciso extremar precisión y
proporcionalidad, nunca estropear más de
lo que se arregla. No porque el empleo
de esos principios vaya a convencerla de
entrada —ya hemos visto nutridas
manifestaciones contra las primeras
medidas judiciales, que eran
notoriamente selectivas— sino, porque
solo sobre el sentido de la mesura puede
sembrarse para pronto la siempre
aplazada vía política —–y explicarla
bien desde ya; no basta con la
justificación de la actuación
coercitiva—: el diálogo normalizador,
las propuestas, las reformas, la
negociación… con quienes la prefieran, y
la antepongan al caos
fuente: El Pais:
Los
rostros del procés